Kenya

• El marco jurídico es exhaustivo, pero excesivamente complejo, con demasiados procedimientos de contratación pública, solapamientos entre la PPADA y la PPADR, y plazos mínimos de licitación muy cortos.
• Los requisitos de elegibilidad, cualificación y capacidad no están suficientemente regulados y se aplican de forma inconsistente.
• La contratación pública sostenible (CPS) apenas se refleja en la normativa vinculante.

Recomendaciones:

• Reestructurar, actualizar y armonizar el marco jurídico, aclarando la jerarquía entre la ley, los reglamentos y las políticas.
• Reducir y simplificar los procedimientos de contratación pública, incluida la introducción de un procedimiento competitivo para las contrataciones de bajo valor.
• Ampliar los plazos de presentación de ofertas y mejorar la flexibilidad.
• Integrar el proyecto de marco de contratación pública sostenible en la legislación y en los reglamentos de aplicación.

• Muchas entidades adjudicadoras, especialmente las de menor tamaño, carecen de la capacidad, la dotación de personal y las competencias suficientes.
• Existen lagunas y solapamientos en las funciones y responsabilidades de las instituciones centrales, en particular en lo que respecta a la formación, el seguimiento y la gestión de la contratación electrónica.
• A menudo, la planificación de la contratación no está alineada con los presupuestos, y los retrasos en los pagos son habituales.

Recomendaciones:

• Redefinir, reestructurar y reforzar las entidades contratantes, prestando un apoyo específico a las entidades más pequeñas.
• Ampliar el desarrollo de capacidades y armonizar las condiciones de trabajo de los profesionales de la contratación pública.
• Reforzar la planificación de la contratación pública, garantizar la alineación con los presupuestos y mejorar la gestión de tesorería para permitir pagos puntuales.
• Aclarar las responsabilidades institucionales, especialmente en materia de seguimiento, formación y contratación electrónica.

• Problemas:
  
  Análisis de necesidades y estudios de mercado insuficientes previos a la contratación.
• Énfasis excesivo en el cumplimiento de los procedimientos y el precio de compra, en lugar de en la relación calidad-precio y el rendimiento.
• Deficiencias en la gestión de los contratos, entre ellas retrasos, modificaciones y pagos atrasados.
• Los regímenes de preferencia y reserva son complejos, se aplican de forma inconsistente y se supervisan de manera deficiente.

Recomendaciones:

• Exigir un análisis sistemático de las necesidades y estudios de mercado, y proporcionar orientación y formación.
• Simplificar los procedimientos operativos y mejorar la orientación sobre planificación, evaluación y gestión de contratos.
• Reducir los retrasos en los pagos, incluyendo la reducción de los plazos de pago.
• Revisar y simplificar los regímenes de preferencia y reserva, y reforzar la colaboración con el sector privado.

• Problemas:
  
  Publicación incompleta de la información sobre contratación y escasa accesibilidad de los datos.
• Participación limitada de la sociedad civil en la supervisión de la contratación.
• Escasa aplicación de las conclusiones de las auditorías y de las medidas anticorrupción.
• Costes elevados y limitaciones estructurales en el sistema de reclamaciones en materia de contratación.

Recomendaciones:

• Utilizar el sistema de contratación electrónica para mejorar la transparencia, la exhaustividad y la accesibilidad de los datos sobre contratación pública.
• Reforzar la eficacia de la auditoría y la supervisión, incluida la aplicación de las recomendaciones.
• Reducir las barreras para presentar reclamaciones, reducir las tasas y reforzar los mecanismos de recurso.
• Mejorar los sistemas de integridad, incluida la protección de los denunciantes, la divulgación de la titularidad real y el uso de estándares de datos de contratación abierta.