Pakistan (Provincia de Baluchistán)

Problemas:

El marco jurídico sigue estando incompleto, ya que aún faltan varias normas fundamentales, entre ellas las relativas al mantenimiento de registros, las directrices sobre contratación pública electrónica, la política de preferencia de precios y los pactos de integridad. Los criterios de calificación no están claros e incluyen restricciones que pueden limitar la participación de licitadores extranjeros, mientras que no se ha definido formalmente ninguna política de preferencia nacional. Las disposiciones sobre gestión de contratos son débiles e incompletas, y los mecanismos de resolución de controversias no están bien definidos. El sistema de recursos también es deficiente, ya que el órgano de revisión de segunda instancia no está operativo y su independencia es incierta. Además, la ausencia de normas sobre el mantenimiento de registros contribuye a una mayor preocupación por la transparencia. Las consideraciones de sostenibilidad no se han incorporado al marco y las obligaciones internacionales no se reflejan adecuadamente. Por último, la transición al sistema de contratación electrónica se ha enfrentado a dificultades, entre ellas el registro incompleto de datos y las deficiencias en materia de seguridad y confidencialidad.

Recomendaciones:

• Adoptar todas las normativas pendientes, incluidas las relativas al mantenimiento de registros, las directrices sobre la contratación pública electrónica, la preferencia de precios y el pacto de integridad.
• Aclarar los criterios de calificación; eliminar las barreras al registro de empresas extranjeras; reducir el umbral del licitación pública internacional  (ICB) si es necesario.
• Desarrollar una política de preferencia nacional solo si está en consonancia con el Gobierno.
• Reforzar las disposiciones sobre la gestión de contratos, los retrasos en los pagos y las cláusulas obligatorias de resolución alternativa de litigios.
• Poner en marcha y reformar el mecanismo de recurso, garantizando su independencia y exigiendo la publicación de las resoluciones.
• Establecer una normativa exhaustiva sobre el mantenimiento de registros; integrar el sistema electrónico de contratación (e-PPS) con los sistemas de pago.
• Incorporar criterios de sostenibilidad en todo el proceso de contratación pública una vez adoptada la política.
• Mejorar la usabilidad, la coherencia de los datos y la seguridad del sistema electrónico de contratación (e-PPS) (auditoría por terceros).

Problemas:

Los mecanismos institucionales se ven debilitados por la limitada independencia y capacidad del organismo regulador, la asignación poco clara de las funciones de contratación pública en los organismos, la escasa integración entre la contratación pública y la elaboración de presupuestos, el uso y la accesibilidad limitados de la contratación electrónica, y la insuficiencia de datos y de personal.

Recomendaciones:

• Fortalecer la capacidad institucional y la dotación de personal.
• Asignar claramente las responsabilidades de contratación pública dentro de los organismos.
• Integrar la planificación de la contratación pública con la elaboración del presupuesto.
• Mejorar la funcionalidad de la contratación pública electrónica y la accesibilidad de los datos.
• Desarrollar sistemas de medición del rendimiento y marcos de formación.

Problemas:

Las operaciones de contratación pública adolecen de una profesionalización limitada, la ausencia de sistemas de medición del rendimiento, una gestión contractual y una evaluación de proveedores deficientes, datos de contratación incompletos, una participación limitada del mercado y la falta de una interacción estructurada con el sector privado y la sociedad civil.

Recomendaciones:

• Desarrollar programas de formación integrales.
• Establecer sistemas de medición del rendimiento.
• Mejorar la gestión contractual y la evaluación de proveedores.
• Mejorar la recopilación de datos.
• Promover una colaboración estructurada con el sector privado y la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Problemas:

Aunque existe un nivel general de transparencia, sigue siendo difícil extraer y analizar los datos relativos a los contratos y al rendimiento. Los sistemas de control y auditoría no abordan específicamente las auditorías de contratación pública, lo que contribuye a una acumulación significativa de trabajo atrasado y a la ausencia de un manual específico de auditoría de la contratación pública. Las definiciones de corrupción varían según los marcos jurídicos, y no existen estadísticas consolidadas sobre los casos de corrupción. Los mecanismos para denunciar irregularidades son inadecuados, ya que no existen canales seguros o confidenciales y la protección de los denunciantes sigue pendiente. Además, no existe colaboración con la sociedad civil ni se realizan esfuerzos de desarrollo de capacidades dirigidos a un abanico más amplio de partes interesadas.

Recomendaciones:

• Modificar el marco jurídico para introducir mandatos y manuales de auditoría específicos para la contratación pública.
• Coordinarse con los organismos de control para abordar el retraso en las auditorías y establecer líneas jerárquicas claras.
• Consolidar las definiciones de corrupción; introducir medidas anticorrupción específicas para la contratación pública.
• Establecer mecanismos seguros de denuncia y respaldar la legislación sobre denunciantes.
• Recopilar y publicar periódicamente estadísticas relacionadas con la corrupción.
• Introducir una formación en materia de integridad de base amplia; desarrollar mecanismos para la participación de la sociedad civil.