Benín

Deficiencias del marco jurídico

El marco jurídico de la contratación pública en Benín presenta varias deficiencias, como la falta de una jerarquía clara entre las normativas de contratación, la rigidez de las reformas legislativas y la ausencia de definiciones jurídicas exhaustivas de los conceptos clave de contratación.

Recomendaciones:

• Revisar el Código de Contratación Pública para aclarar que la licitación abierta es el procedimiento por defecto, especificar las condiciones para las licitaciones nacionales frente a las internacionales y eliminar la participación del Consejo de Ministros en la adjudicación de contratos.
• Introducir nuevas definiciones en el Código de Contratación Pública para términos como "contratación especializada" y "contratos críticos".
• Garantizar que todos los contratos públicos, independientemente de su fuente de financiación, estén sujetos a requisitos de publicación.
• Adaptar la normativa nacional sobre contratación pública a la directiva unificada sobre contratación pública de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occidental).

Falta de una estrategia nacional de contratación sostenible

Benín no dispone de un marco político nacional para integrar los principios de sostenibilidad -económica, social y medioambiental- en la contratación pública.

Recomendaciones:

• Desarrollar una estrategia nacional de contratación pública sostenible.
• Definir directrices claras para incorporar criterios medioambientales y sociales en las decisiones de contratación.

Escasa capacidad institucional y escasez de recursos humanos

La autoridad reguladora de la contratación pública (ARMP) y las principales entidades contratantes carecen de recursos humanos y capacidad técnica suficientes para supervisar eficazmente los procesos de contratación.

Recomendaciones:

• Reforzar el mandato del ARMP y asignar más recursos para la dotación de personal y el desarrollo de capacidades.
• Establecer programas de formación especializada y requisitos de certificación para los funcionarios de contratación pública.

Escasa coordinación entre las principales instituciones de contratación pública

No existe una definición clara de las funciones de la autoridad central de contratación (DNCMP) y de la autoridad reguladora (ARMP), lo que genera ineficiencias en la supervisión de la contratación.

Recomendaciones:

• Aclarar las responsabilidades del DNCMP y del ARMP para evitar solapamientos y garantizar una aplicación eficaz de la normativa.
• Reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Ineficiencias en la planificación de las adquisiciones

La planificación de las adquisiciones es deficiente, a menudo desconectada de una planificación presupuestaria más amplia, y carece de un análisis de mercado que garantice una competencia efectiva.

Recomendaciones:

• Exigir a las entidades contratantes que realicen evaluaciones de mercado antes de planificar la contratación.
• Garantizar que los planes de adquisición estén vinculados a las asignaciones presupuestarias.

Retraso en la adjudicación y ejecución de contratos

Los retrasos significativos en los procesos de contratación generan ineficacia en la ejecución de los contratos e impiden la prestación puntual de los servicios.

Recomendaciones:

• Racionalizar los procesos de aprobación de adquisiciones para reducir los retrasos.
• Reforzar los mecanismos de supervisión para hacer un seguimiento de los plazos de contratación y de la ejecución de los contratos.

Participación limitada de la sociedad civil y supervisión pública

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no participan adecuadamente en el control de la contratación, lo que limita la transparencia y la responsabilidad pública.

Recomendaciones:

• Reforzar el papel de las OSC en la supervisión de la contratación mediante mecanismos estructurados de participación.
• Mejorar el acceso público a la información sobre contratación mediante la divulgación proactiva.

Debilidad de los mecanismos de auditoría y denuncia

Los procesos de auditoría se retrasan y el mecanismo de resolución de reclamaciones carece de independencia, lo que reduce la credibilidad de la supervisión de la contratación pública.

Recomendaciones:

• Garantizar la publicación puntual de las auditorías de contratación independientes.
• Crear un organismo administrativo independiente para tramitar las reclamaciones en materia de contratación pública, independiente de las entidades contratantes.