República Dominicana

Problema:

El marco jurídico de la contratación pública es completo, pero requiere una modernización para subsanar las deficiencias procedimentales y garantizar una mayor coherencia en su aplicación, incluyendo la contratación electrónica, las prácticas sostenibles y los mecanismos de recurso.

Recomendaciones:

• Actualizar la Ley n.º 340-06 y el Reglamento 416-23 para aclarar los procedimientos y reforzar la coherencia.
• Introducir plazos estandarizados para la gestión de pagos y contratos.
• Promover la inclusión de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en las licitaciones.
• Reforzar las disposiciones relativas a los mecanismos de apelación y revisión independiente.

Problema:
La DGCP carece de autonomía presupuestaria e independencia institucional; las funciones de la SECP son limitadas; y la contratación pública aún no se reconoce como una carrera profesional diferenciada.

Recomendaciones:

• Establecer la independencia financiera y operativa de la DGCP en la legislación.
• Fortalecer la SECP para que se convierta en un sistema totalmente transaccional y basado en documentos.
• Reconocer la contratación pública como una función profesional dentro de la función pública.
• Crear estructuras estándar para las unidades de contratación pública en todas las instituciones.
• Integrar la planificación de las adquisiciones de manera más eficaz con la gestión presupuestaria a través del sistema SIGEF.

Problema:
Las operaciones de contratación pública carecen de una plena aplicación de los procesos de contratación electrónica y de una colaboración eficaz con los proveedores, especialmente con las MIPYMES y las empresas dirigidas por mujeres.

Recomendaciones:

• Ampliar las capacidades de contratación electrónica en todas las etapas del proceso.
• Aumentar los programas de desarrollo de proveedores, centrándose en las MIPYMES y las empresas dirigidas por mujeres.
• Fortalecer los mecanismos de diálogo y consulta con el mercado.
• Mejorar las prácticas de sostenibilidad mediante políticas de «contratación pública ecológica».

Problema:
Los sistemas de auditoría y control no cubren sistemáticamente las operaciones de adquisición, y los procesos actuales de apelación carecen de independencia. No existen mecanismos suficientes para denunciar la corrupción o el comportamiento poco ético.

Recomendaciones:

• Institucionalizar las auditorías de compras basadas en el riesgo por parte de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
• Establecer un órgano administrativo independiente para las apelaciones.
• Desarrollar y hacer cumplir códigos éticos y procedimientos anticorrupción.
• Crear mecanismos para proteger a los denunciantes y fomentar la denuncia de fraudes y actos de corrupción.
• Aumentar la participación de la sociedad civil en la supervisión y evaluación de los procesos de contratación pública.