Sierra Leone

Problema:

El marco jurídico se ajusta en líneas generales a las normas internacionales, pero presenta importantes lagunas que afectan a la transparencia, la rentabilidad y la previsibilidad. Entre ellas figuran los umbrales de contratación obsoletos, las disposiciones limitadas para los acuerdos marco y la contratación de emergencia, la dependencia de la norma de la oferta evaluada como la más baja, la falta de un mandato explícito para un sistema electrónico de contratación pública en todo el Gobierno, la debilidad de las disposiciones sobre el acceso público a los registros de contratación, el subdesarrollo de las normas sobre las asociaciones público-privadas (especialmente para las propuestas no solicitadas) y la ausencia de un marco integral de contratación pública sostenible.

Recomendaciones:

• Actualizar los umbrales de contratación pública y elaborar disposiciones para los acuerdos marco, la contratación pública de bajo valor y la contratación pública de emergencia.
• Sustituir el enfoque de «oferta más baja evaluada» por una norma de oferta más ventajosa y reforzar la divulgación de la información de evaluación.
• Imponer el establecimiento y el uso de un sistema central de contratación pública electrónica para todo el gobierno.
• Facilitar el acceso público a los registros de contratación pública de conformidad con los principios del Estándar de Datos de Contratación Abierta (OCDS).
• Reforzar el marco jurídico para la contratación pública en el marco de las asociaciones público-privadas, en particular las propuestas no solicitadas.
• Introducir un mandato y un marco normativo claros para la contratación pública sostenible, incluidas directrices sobre los márgenes de preferencia.

Problema:
Los mecanismos institucionales se ven debilitados por una planificación deficiente de las adquisiciones, una integración insuficiente con la ejecución presupuestaria, controles de compromisos poco fiables, retrasos crónicos en los pagos, limitaciones de recursos dentro de la NPPA, solapamientos entre las instituciones de supervisión, un uso limitado de los sistemas de datos y la ausencia de una estrategia integral de profesionalización y desarrollo de capacidades para el personal encargado de las adquisiciones.

Recomendaciones:

• Fortalecer la planificación de las adquisiciones y armonizarla más estrechamente con la presupuestación, la planificación plurianual y la gestión de la inversión pública.
• Mejorar la fiabilidad de las certificaciones de disponibilidad presupuestaria y eliminar prácticas como la financiación parcial y las adquisiciones fuera del IFMIS.
• Restablecer la función puramente reguladora y supervisora de la NPPA eliminando las funciones operativas de revisión previa.
• Garantizar recursos adecuados, autonomía y protección para los dirigentes y el personal de la NPPA.
• Establecer sistemas centralizados de datos sobre adquisiciones y mejorar la publicación de información sobre adquisiciones utilizando el OCDS.
• Desarrollar y aplicar una estrategia de profesionalización, que incluya un marco de competencias, la certificación y el desarrollo profesional continuo.

Problema:
Las operaciones de contratación pública adolecen de una planificación deficiente, un análisis insuficiente de las necesidades, especificaciones inadecuadas, un uso excesivo de métodos no competitivos, una evaluación de las ofertas dominada por los precios, una gestión deficiente de los contratos, retrasos crónicos en los pagos, una transparencia limitada de las modificaciones de los contratos, un mantenimiento deficiente de los registros y una escasa participación de las partes interesadas. La participación en el mercado está limitada, en particular para las pymes, debido a la complejidad de los procedimientos, los altos costos, el acceso limitado a la información y los retrasos en los pagos.

Recomendaciones:

• Imponer un análisis sistemático de las necesidades y un estudio de mercado, y mejorar la armonización de los planes de contratación pública con el ciclo presupuestario.
• Fortalecer la capacidad para redactar especificaciones basadas en los resultados y aplicar métodos de contratación adecuados, incluidos los procedimientos de precalificación y de varias etapas.
• Institucionalizar el uso de la oferta más ventajosa y el cálculo de los costes del ciclo de vida cuando sea apropiado.
• Mejorar la gestión, el seguimiento y el cumplimiento de los contratos, incluidos los pagos puntuales y la tramitación transparente de las modificaciones.
• Poner en marcha el e-GP para permitir la captura de datos en tiempo real, el seguimiento del rendimiento y el acceso público.
• Reducir las barreras para las pymes mediante procedimientos simplificados, un mejor acceso a la información y la mejora de las prácticas de pago.

Problema:
A pesar del firme compromiso declarado con la integridad, el sistema adolece de una participación ineficaz de los ciudadanos y la sociedad civil, un seguimiento débil y desigual de las auditorías, una capacidad limitada para realizar auditorías de adquisiciones, un mecanismo de denuncias centralizado y con recursos insuficientes, una aplicación incoherente de las medidas éticas y anticorrupción, prácticas de inhabilitación débiles, una transparencia limitada de los resultados y una protección insuficiente de los denunciantes.

Recomendaciones:

• Imponer la consulta pública estructurada y la participación de la sociedad civil en todas las etapas clave del ciclo de contratación pública.
• Fortalecer los sistemas de auditoría interna y externa, incluidas las directrices de auditoría específicas para la contratación pública, la coordinación y los mecanismos de seguimiento.
• Mejorar la accesibilidad, la transparencia y la aplicación del sistema de reclamaciones y apelaciones en materia de contratación pública, incluida la publicación de las decisiones del IPRP.
• Mejorar las medidas anticorrupción y de integridad, incluida la gestión de los conflictos de intereses, la aplicación de las inhabilitaciones, la supervisión basada en el riesgo y la mejora de la transparencia de los resultados.
• Desarrollar protecciones más sólidas para los denunciantes y ampliar la formación en materia de ética e integridad a todo el país.