Zimbabwe

Cuestiones:

• Uso excesivo de la contratación directa y definición poco clara de las excepciones en el marco jurídico
• Disposiciones legales que no se ajustan a la implantación práctica del sistema eGP
• Barreras a la participación, entre ellas las elevadas tasas y el acceso limitado a la financiación
• Ausencia de una política nacional de contratación pública sostenible (CPS) e integración limitada de las obligaciones internacionales

Recomendaciones:

• Revisar y modificar las disposiciones legales para restringir la contratación directa y definir claramente los casos excepcionales
• Introducir una autoridad legal explícita y normas que obliguen al uso de eGP
• Mejorar el acceso a la financiación y reducir las barreras para los proveedores, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
• Desarrollar y aplicar una política nacional de CPS y reforzar la integración de las obligaciones internacionales en materia de contratación pública

Problemas:

• Escasa integración entre los sistemas de contratación pública y de gestión de las finanzas públicas, lo que incluye datos poco fiables y controles de compromiso limitados
• Funcionalidad y uso limitados del eGP, con deficiencias en la presentación de informes y el análisis de datos
• Gran dependencia de los datos manuales e insuficiencia de la capacidad técnica interna para gestionar el eGP
• Brechas en la formación estructurada y el desarrollo de capacidades en las entidades contratantes

Recomendaciones:

• Fortalecer los sistemas de gestión de las finanzas públicas y garantizar la interoperabilidad con el eGP
• Mejorar los procesos de tesorería para garantizar el pago puntual de las facturas
• Ampliar las capacidades del eGP, incluyendo datos estructurados, análisis y funciones de presentación de informes
• Desarrollar la experiencia técnica interna e implementar programas de formación estructurada y de formación de formadores

Problemas:

• La planificación de la contratación carece de una evaluación de las necesidades basada en datos empíricos y de un análisis de mercado
• Deficiencias generalizadas en las especificaciones técnicas y los criterios de evaluación
• Escasa publicación de los anuncios de adjudicación de contratos y registros de contratación incompletos
• Prácticas deficientes de gestión de contratos y falta de documentación de pagos
• Limitaciones existentes que restringen la participación del sector privado, incluidos los retrasos en los pagos y las dificultades de financiación

Recomendaciones:

• Exigir una planificación basada en datos empíricos y un estudio de mercado sistemático
• Impartir formación específica sobre la redacción de especificaciones y las metodologías de evaluación
• Exigir la publicación obligatoria de los anuncios de adjudicación a través del eGP
• Reforzar el mantenimiento de registros, incluida la documentación de los pagos y los hitos contractuales
• Identificar y abordar las barreras sistémicas que afectan a la participación del sector privado

Problemas:

• Transparencia limitada y participación ineficaz de las partes interesadas y la sociedad civil
• Sistemas de auditoría interna deficientes y bajos índices de aplicación de las recomendaciones de auditoría
• Uso limitado de los mecanismos de reclamación y recurso debido a las elevadas tasas de impugnación
• Capacidad anticorrupción insuficiente, falta de mecanismos de identificación de riesgos y protección deficiente de los denunciantes
• Presentación inconsistente de la información sobre conflictos de intereses y divulgación

Recomendaciones:

• Fortalecer la participación de las partes interesadas mediante mecanismos transparentes de retroalimentación y un mejor acceso a la información
• Mejorar los sistemas de auditoría, incluidos los comités de auditoría y los mecanismos de seguimiento
• Reducir o eliminar las tasas de impugnación y mejorar la accesibilidad de los sistemas de recurso
• Fortalecer los marcos de lucha contra la corrupción, incluyendo la protección de los denunciantes y los mecanismos de identificación de riesgos
• Estandarizar y digitalizar las declaraciones de conflicto de intereses y los sistemas de divulgación de la titularidad real