Datos rápidos
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País: Mozambique |
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Año de evaluación: 2018-2019 |
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Valor de contratación: 1 400 millones de Euro (2018) |
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Organización líder: Banco Mundial (WB) |
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Socios principales: Banco Mundial (BM), Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), German Corporation for International Cooperation GmbH (GIZ) |
Los antecedentes
La actual arquitectura institucional gubernamental para la contratación pública en Mozambique consta de dos áreas clave para la contratación pública: La contratación pública básica y la contratación pública de las empresas estatales. A nivel político, la principal institución para ambas áreas de contratación pública es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El CEDSIF (Centro para el Desarrollo del Sistema de Información Financiera) es un organismo autónomo que apoya la agenda tecnológica del MEF, incluida la contratación electrónica.
Aunque se encuentra en un fuerte declive después de una crisis de deuda en 2016, la contratación pública sigue representando una parte significativa de la economía: 33% del gasto público y alrededor del 10% del PIB en 2018 (frente a 54% y 22%, respectivamente, en 2014). Incluso un aumento relativamente pequeño de la eficiencia puede traducirse fácilmente en servicios públicos más puntuales y de mayor calidad para sus ciudadanos. Además, la contratación pública es una importante fuente de ingresos para el sector privado local, contribuyendo a la creación de empleo, que es una alta prioridad del Gobierno de Maharashtra, en un momento en que alrededor de 500.000 jóvenes entran en el mercado laboral cada año.
En este contexto, el Gobierno de Mozambique (GOM) decidió llevar a cabo una evaluación MAPS para conocer mejor los retos existentes en materia de contratación pública y las oportunidades que se presentan en el futuro.
Proceso
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La evaluación se llevó a cabo de septiembre de 2018 a junio de 2019, por iniciativa del Gobierno de Mozambique (GOM) a través de la Unidad Funcional de Supervisión de Adquisiciones (UFSA). Se llevó a cabo con el apoyo financiero directo del Banco Mundial y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la contribución sustancial de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional GmbH (GIZ) y se benefició del asesoramiento y la orientación de otros socios internacionales, incluidos la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Global Affairs Canada (GAC), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Embajada de Suiza, la Agencia Belga de Desarrollo (ENABEL) y la Dirección General de Cooperación y Desarrollo (DGCS). |
Resultados principales e impactos
A pesar de los importantes avances realizados en los últimos años, la evaluación identificó varios retos, entre ellos:
- La aplicación de la normativa por parte de las entidades adjudicadoras es deficiente, y las limitaciones presupuestarias dificultan la asignación de contratos.
- Las ineficiencias en la contratación, incluidos los contratos fragmentados, las elevadas tasas de contratación directa y los desproporcionados costes de publicidad, constituyen un obstáculo para lograr una buena relación calidad-precio.
- Las deficiencias en la planificación de las adquisiciones y la gestión de los contratos contribuyen a los retrasos en los pagos y a los malos resultados.
- La capacidad de las entidades adjudicadoras es limitada, lo que se ve agravado por los elevados índices de rotación y las inadecuadas estructuras de formación.
- El compromiso de las partes interesadas, en particular con el sector privado, sigue siendo modesto, lo que obstaculiza la participación y el diálogo efectivos.
- La ausencia de contratación pública electrónica y la presentación incompleta de información afectan a la supervisión de los resultados y constituyen un obstáculo importante para la mejora del sistema.
- La percepción de la corrupción en la contratación pública sigue siendo elevada, lo que repercute en las operaciones comerciales. Las instituciones pertinentes carecen de recursos para hacer frente a la evolución de sus responsabilidades.
Estos retos, y otros, se abordaron mediante una serie de recomendaciones consolidadas en un plan de acción estratégico con cuatro objetivos generales:
- Reforzar la autoridad y la capacidad de la principal agencia de contratación pública, UFSA, para que pueda desempeñar eficazmente sus funciones. Seguir mejorando el marco jurídico de la contratación pública.
- Adoptar un enfoque más estratégico y rentable de la contratación pública y la gestión de contratos para aumentar la eficiencia en el uso de los fondos públicos y la prestación de servicios públicos.
- Crear una masa crítica de funcionarios de contratación pública mediante la certificación, la profesionalización, la formación continua y el apoyo técnico.
- Mejorar el acceso del sector privado al mercado de contratación pública y promover su participación efectiva.
Cada objetivo tiene una serie de iniciativas asociadas, con plazos e instituciones responsables, que se detallan en el resumen del informe.