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País: Rwanda

Año de evaluación: 2020

Valor de contratación: $US 806 millones

Organización líder: Banco Mundial (WB)

Socios principales: Autoridad de Contratación Pública de Ruanda (RPPA), Banco Africano de Desarrollo (AfBD), Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)

Los antecedentes

Rwanda, que en su día fue una de las naciones más pobres del mundo, ha experimentado una notable transformación dirigida por un liderazgo visionario e instituciones estratégicas. A mediados de la década de 1990, el PIB del país era minúsculo, pero los enérgicos esfuerzos de construcción nacional del gobierno sentaron las bases para una recuperación espectacular. En 2017, el PIB de Ruanda ascendía a 9.100 millones de USD, lo que demuestra un progreso sustancial.


En consonancia con ambiciosas visiones nacionales como Visión 2020 y Visión 2050, Rwanda aspira a alcanzar el estatus de país de renta media-alta y de renta alta en 2035 y 2050, respectivamente. Los seis pilares identificados en Visión 2020, incluidos la buena gobernanza, el desarrollo de los recursos humanos y la economía impulsada por el sector privado, están vinculados de manera crucial al sistema de contratación pública.
Ruanda ha sido pionera en el aprovechamiento de su sistema de contratación pública para el desarrollo económico. En 2008 se convirtió en el primer país africano en solicitar su consideración como país piloto en el marco del Programa Piloto de Uso de los Sistemas de Contratación Pública del Banco Mundial.


El éxito de Rwanda en la lucha contra la corrupción y el fomento de la igualdad de género goza de reconocimiento mundial. Sin embargo, persisten algunos retos, como la limitada participación del sector privado en la contratación pública y la necesidad de reformas más amplias en la gestión de las finanzas públicas y la contratación pública para hacer realidad las aspiraciones del país de prestar servicios eficaces y obtener resultados tangibles.

Proceso

 
  • Realizada entre febrero de 2019 y mayo de 2020, la evaluación de Ruanda fue llevada a cabo por el Banco Mundial y la Autoridad de Contratación Pública de Ruanda (RPPA), así como por socios como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID).
  • El equipo de evaluación se basó en revisiones documentales de documentos publicados, leyes y reglamentos, tres misiones a Kigali y conversaciones con las partes interesadas, incluidos los organismos de control y supervisión, la revisión de 81 contratos de muestra de 15 entidades adjudicadoras, una encuesta del sector privado sobre la percepción de la contratación pública, conversaciones con representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), apoyo intensivo y aportaciones de la RPPA y orientación del Comité Directivo.
  • Las partes interesadas que participaron en la evaluación MAPS de Ruanda representan un amplio espectro de entidades implicadas en diversos aspectos de la contratación pública en Ruanda. Estas partes interesadas incluyen agencias gubernamentales, organismos reguladores, instituciones de supervisión, instituciones educativas, asociaciones profesionales, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Este diverso grupo de partes interesadas refleja un compromiso con la gobernanza inclusiva y la reforma del proceso de contratación pública.

Resultados principales e impactos

Algunas conclusiones clave de la evaluación fueron:

  • Marco jurídico:
    • El marco jurídico de la contratación pública en Rwanda está bien estructurado y es exhaustivo, y comprende legislación primaria, legislación secundaria, directrices, manuales y documentos estándar.
    • Los principios jurídicos fundamentales incluyen la eficiencia, la equidad y la transparencia, que constituyen la base de la gobernanza de la contratación pública.
  • Sistema de contratación electrónica:
    • Se espera que la introducción del sistema de contratación electrónica (UMUCYO) aumente la transparencia, la rentabilidad y la eficiencia de la contratación.
    • El sistema, en teoría, debería reducir las cargas administrativas y proporcionar una plataforma para mantener o elevar los niveles de transparencia.
    • El sistema de contratación electrónica es operativo hasta la fase de adjudicación del contrato e incluye un módulo de recurso e-GP para revisar las reclamaciones y la enajenación de activos. El plan actual es desarrollar el sistema hasta el cierre del contrato y el pago mediante la introducción de módulos de contrato electrónico y factura electrónica.
  • Profesionalización:
    • La existencia de una ley sobre la "Asociación de profesionales de la contratación" respalda un fuerte sentido de la contratación pública como disciplina diferenciada.
    • Las entidades adjudicadoras están obligadas a nombrar un responsable de contratación y un comité interno de licitación encargado de organizar el proceso de contratación desde la planificación hasta la finalización del contrato.
  • Gestión de contratos:
    • La gestión de contratos se identifica como un aspecto relativamente débil según la evaluación, pero hay casos positivos como la ejecución a tiempo, los controles de calidad y el cumplimiento de los plazos de pago en contratos específicos.

 

Las principales recomendaciones de la evaluación fueron:

  • El Gobierno tiene previsto actualizar la normativa, los documentos de licitación y el manual de orientación para los procesos de contratación.
  • Para reforzar la eficacia de la RPPA, se propone aumentar la asignación presupuestaria a la autoridad.
  • Una reforma clave es eliminar el papel conflictivo de la RPPA en las decisiones de contratación, como la concesión de no objeciones sobre el uso de métodos menos competitivos.
  • Se están realizando esfuerzos para mejorar la profesionalización de la función de contratación mediante formación especializada y certificación.
  • Un área de atención crítica es mejorar las prácticas de gestión de contratos para garantizar la ejecución eficiente de los acuerdos.
  • Para promover la transparencia y la inclusión, existe el compromiso de mejorar el diálogo y la asociación con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC).