Pilar I - Marco legislativo, reglamentario y político:

• El marco jurídico de la contratación pública de Túnez comprende numerosos instrumentos legislativos y reglamentarios que se ajustan a las normas internacionales. Sin embargo, la complejidad y diversidad de estos elementos dificultan su aplicación clara y eficaz, lo que da lugar a brechas y solapamientos.
• El marco no está a la altura de las buenas prácticas internacionales en lo que respecta a los procedimientos operativos y adolece de discrepancias entre los procesos de contratación física y electrónica. Es esencial mejorar la transparencia mediante una mejor difusión de la información relacionada con la contratación, incluida la documentación de las decisiones y posiciones pertinentes.
• Existen incoherencias en la aplicación de la normativa de contratación entre las distintas autoridades públicas, con diversos tipos de contratos sujetos a regímenes jurídicos separados. Son necesarios esfuerzos de armonización para abordar estas disparidades.

Pilar II - Marco institucional y capacidad de gestión:

• EL marco institucional de la contratación pública en Túnez se enfrenta a retos, como el solapamiento de funciones y la separación inadecuada de las funciones de contratación, control y regulación. Son necesarios esfuerzos de reorganización y desarrollo de capacidades para mejorar la eficiencia y reducir los conflictos de funciones.
• Falta integración entre los sistemas de contratación pública y de gestión financiera, y los planes de contratación suelen derivarse de los presupuestos en lugar de orientar su formulación. La escasez de recursos obstaculiza la adopción generalizada de sistemas de contratación electrónica y dificulta las iniciativas de formación de las partes interesadas.
• La ausencia de programas de formación adaptados y de marcos de evaluación del rendimiento institucional restringe aún más el desarrollo y la mejora del sistema de contratación pública de Túnez.

Pilar III - Actividades de contratación pública y prácticas de mercado:

• Las limitaciones de los datos dificultaron la evaluación de las prácticas de contratación pública, pero las observaciones revelaron deficiencias en la planificación, las competencias y la gestión de los contratos. La variabilidad de las prácticas de contratación pone de manifiesto la necesidad de estandarizar los procesos y mejorar la formación del personal.
• Las deficiencias en la gestión de contratos incluyen consideraciones inadecuadas de sostenibilidad, aplicación incoherente de sanciones y retrasos en la ejecución y los pagos de los proyectos.

Pilar IV - Responsabilidad, integridad y transparencia del sistema de contratación pública:

• A pesar de las disposiciones legales que promueven la transparencia y la integridad, existen brechas en la disponibilidad de datos, la participación de las partes interesadas y los mecanismos de supervisión. La escasez de recursos y los solapamientos institucionales dificultan la eficacia de los esfuerzos de control y lucha contra la corrupción.
• Los retos incluyen una definición y aplicación insuficientes de las medidas anticorrupción, una protección inadecuada de los denunciantes y la falta de programas regulares de formación en integridad. La eficacia de los mecanismos de resolución de conflictos también se ve comprometida por las dependencias organizativas y las limitaciones de recursos.

Basándose en estos hallazgos, la evaluación incluyó las siguientes recomendaciones:

Racionalización del marco jurídico e institucional

• Reforma legislativa para consolidar los principios fundamentales de la contratación pública y alinearlos con los objetivos nacionales e internacionales.
• Actualización de los reglamentos de aplicación y aclaración de conceptos y terminologías para una mejor comprensión y coherencia.
• Mejora de las herramientas operativas, como manuales y guías, así como ampliación de los documentos estándar para una mejor gestión de la contratación pública.

Rendimiento del sistema de contratación pública

• Refuerzo de la capacidad de gestión mediante la digitalización de la contratación pública, incluida la mejora de las funcionalidades del sistema TUNEPS.
• Profesionalización del personal de contratación pública mediante la creación de un estatuto específico y programas de formación continua.
• Apoyo a la actuación del sector privado para mejorar el acceso a la contratación pública y la ejecución de los contratos, así como la introducción de procedimientos de arbitraje.

Integridad del sistema de contratación pública

• Mejora del acceso a la información sobre contratación pública mediante la armonización de las disposiciones legales y la dotación de recursos adecuados a la Autoridad Nacional de Acceso a la Información (INAI).
• Fortalecimiento del control de la contratación pública a través de una mejor gobernanza, la institucionalización de auditorías especializadas y la coordinación de los controles.
• Fortalecimiento de los mecanismos de recurso y lucha contra la corrupción, incluyendo el establecimiento de plazos de respuesta a las solicitudes de información y la protección de la identidad de los denunciantes.

El éxito de la reforma depende de una combinación de factores, como la voluntad política nacional, el apoyo de socios técnicos y financieros, el compromiso de los sectores público y privado, y la participación activa de la sociedad civil. La coordinación eficaz entre las instituciones públicas, el compromiso del sector privado en la aplicación de las reformas y el papel participativo de la sociedad civil se consideran cruciales para el éxito de la reforma. Además, el apoyo de los socios internacionales es esencial para movilizar los recursos financieros y técnicos necesarios para la aplicación de la reforma.

Se ha formulado un plan de acción estratégico basado en las conclusiones y recomendaciones de la evaluación mediante la colaboración de las partes interesadas, que aborda medidas de reforma urgentes a corto y medio plazo. El objetivo del plan es mejorar la eficacia y la eficiencia de la contratación pública mediante la aplicación tangible de las medidas económicas urgentes del Gobierno.