Datos rápidos

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País: Uganda

Año de evaluación: 2019

Valor de contratación:  $US 10 600 millones (2019)

Organización líder: Gobierno de Uganda

Socios principales: Banco Africano de Desarollo

Los antecedentes

La evaluación MAPS para Uganda se inició para realinear las leyes de contratación pública del país con su programa de reforma económica y para mejorar el rendimiento general del sistema de contratación. Liderada por el Gobierno de Uganda, en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, la evaluación refleja el compromiso de Uganda de mejorar la gobernanza y la eficiencia de la contratación pública.

El sistema de contratación pública de Uganda ha sido objeto de importantes reformas desde 1997, que han dado lugar a la creación de la Autoridad de Contratación Pública y Enajenación de Bienes Públicos (PPDA) y a la promulgación de amplios marcos jurídicos y normativos. Los esfuerzos recientes se han centrado en la modernización de las prácticas de contratación, en particular mediante la introducción de sistemas electrónicos de contratación pública (e-GP), destinados a mejorar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.

Proceso

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El proceso de evaluación comenzó en marzo/abril de 2020, pero sufrió retrasos debido a la pandemia COVID-19. Se reanudó en febrero/marzo de 2030. Se reanudó en febrero/marzo de 2021, con adaptaciones para tener en cuenta los retos planteados por la pandemia.


La evaluación se basó en la revisión de las transacciones de contratación, consultas con las partes interesadas y un taller nacional de validación. El objetivo de estas actividades era recabar la opinión de diversas partes interesadas, como funcionarios públicos, entidades de contratación, socios para el desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.


A pesar de las interrupciones causadas por la pandemia, la evaluación siguió adelante, lo que demuestra el compromiso de las partes interesadas con la mejora del sistema de adquisiciones de Uganda. A través de los esfuerzos de colaboración, la evaluación proporcionó valiosas recomendaciones para mejorar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la contratación pública, sentando las bases para reformas significativas y mejoras en la prestación de servicios y el desarrollo económico.

Resultados principales e impactos

La evaluación MAPS para Uganda aportó ideas y recomendaciones críticas destinadas a mejorar la eficacia, la transparencia y la responsabilidad del sistema de contratación pública del país.


Recomendaciones clave:


Marco legal, normativo y político: Abordar las incoherencias entre la Ley y los Reglamentos del Gobierno Local (LG), acelerar el despliegue del sistema e-GP para agilizar los procesos de contratación, implementar las prácticas de Contratación Pública Sostenible (SPP) descritas en la Política Nacional de Contratación del Sector Público (NPSSP) 2019, y establecer un plan de implementación claro para SPP.


Marco institucional y capacidad de gestión: Integrar la planificación de la contratación pública con la formulación del presupuesto anual, aplicar la planificación plurianual de la contratación pública para facilitar la ampliación de los contratos, agilizar los procesos de finalización del plan de contratación pública, garantizar la liberación oportuna de los fondos presupuestarios, reforzar la capacidad interna para la formación en materia de contratación pública y la medición del rendimiento, y establecer un organismo o función central de contratación pública para la contratación consolidada.

Operaciones de contratación pública y prácticas de mercado: Mejorar la planificación estratégica de la contratación pública basada en las necesidades y el análisis del mercado, mejorar la participación de la sociedad civil en el ciclo de contratación pública, reforzar la capacidad del sector privado para licitar en contratos públicos, evaluar los riesgos de la contratación pública en sectores clave y aplicar medidas para abordar los riesgos identificados.

Rendición de cuentas, integridad y transparencia: Mejorar la divulgación de la información sobre contratación pública y el acceso a los datos, establecer procesos de consulta transparentes con las partes interesadas, reforzar la aplicación de las medidas de integridad y las recomendaciones de las auditorías de contratación pública, mejorar la capacidad de los auditores internos y externos, desarrollar procedimientos claros para identificar y mitigar los riesgos de corrupción, e implicar a la sociedad civil en las funciones de supervisión a lo largo de todo el ciclo de contratación pública.

Evolución desde la evaluación:
A partir de 2023, el Gobierno de Uganda ha llevado a cabo los siguientes avances basándose en las conclusiones y recomendaciones de la evaluación MAPS:


1. Implantación de la contratación pública electrónica (e-GP): Se han realizado avances significativos en la contratación pública electrónica, que ya está operativa en 36 entidades de contratación y disposición (ECD) de la Administración central y local. Este despliegue incluye mejoras en la seguridad del sistema y el desarrollo de manuales de formación, garantizando actividades integrales de gestión del cambio, incluidas sesiones de formación en línea y presenciales para los usuarios finales y esfuerzos de participación de las partes interesadas.

2. Publicación de información sobre contratación pública: Han comenzado los esfuerzos para mejorar la transparencia iniciando la publicación de información de contratación en plataformas como e-GP, la Autoridad de Contratación Pública y Disposición de Activos Públicos (PPDA), y otros sitios web relevantes de PDEs.

3. Armonización de la normativa: La enmienda de la Sección 96A de la Ley PPDA en 2021 sentó las bases para alinear las regulaciones entre las entidades del gobierno central y local.

4. Armonización de la normativa con la Ley PPDA de 2003: Hay un esfuerzo en curso para alinear los reglamentos existentes con la Ley PPDA enmendada de 2003.

5. Prácticas de contratación sostenible (SPP): La incorporación de los principios de contratación pública sostenible (SPP) en la Ley PPDA modificada supone un compromiso con las prácticas de contratación pública responsables desde el punto de vista medioambiental y social. Esto incluye el desarrollo y la aplicación de un plan de acción SPP, evaluaciones de preparación del mercado, desarrollo de criterios para los productos y amplias iniciativas de formación para integrar las prácticas SPP en el proceso de contratación.

6. Diálogo entre los sectores público y privado: Se han puesto en marcha varias iniciativas, como las audiencias públicas organizadas por la PPDA y los foros de proveedores a nivel del PDE, para facilitar el diálogo entre los sectores público y privado. Estas plataformas permiten a las partes interesadas intercambiar puntos de vista, abordar sus preocupaciones y fomentar la colaboración, mejorando en última instancia la transparencia y la confianza en el proceso de contratación.